La Comisión Europea está trabajando en una Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad con el objetivo de fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro.
Esta iniciativa busca que las empresas determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente que puedan ser provocados por la propia empresa, sus filiales y por entidades que formen parte de su cadena de suministro. Aunque esta directiva aún está pendiente de aprobarse por el Parlamento Europeo y su adopción por el Consejo, en esta reunión de trabajo hemos repasado algunos de los aspectos más relevantes que afectan o afectarán a las organizaciones. Para ello, contamos con la colaboración de Leticia Del Estal Gallego así como de Diego Méndez-Laiz, Socia del Área Mercantil y Societario de Vaciero y Socio de Vaciero Auditores, respectivamente.
Aunque se prevé que esta directiva afecte a las grandes empresas, aún se están discutiendo los límites en cuanto al tamaño y facturación de las mismas. En cualquier caso, las obligaciones deben observarse en toda la cadena de valor, por lo que las Pymes no están afectadas directamente pero sí indirectamente, por ejemplo, como proveedores de grandes empresas. Asimismo, afectará tanto a empresas constituidas en la Unión Europea como aquellas constituidas en un tercer Estado pero que operen en la UE.
Algunas de las obligaciones que contempla esta propuesta de directiva y que deberán cumplir aquellas organizaciones afectadas por la misma son:
- Integrar la diligencia debida en sus políticas y establecer, además, una política de diligencia debida que deberá revisarse y actualizarse anualmente.
- Adoptar medidas adecuadas para detectar y evaluar periódicamente los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente que se deriven de sus propias actividades o de las de sus filiales y, cuando tengan relación con sus cadenas de valor.
- Adoptar medidas para prevenir o, en su caso, mitigar los impactos adversos potenciales.
- Adoptar medidas adecuadas para eliminar o reparar los efectos adversos reales identificados
- Establecer mecanismos de notificación y reclamación extrajudiciales efectivos, a disposición del público a nivel operativo y a los que puedan recurrir personas y organizaciones que soliciten la reparación del daño.
- Verificar sistemáticamente la aplicación de la diligencia debida, supervisando la idoneidad y eficacia de las medidas adoptadas.
- Publicar en la web de la organización una declaración anual sobre los aspectos regulados en la propuesta de directiva.
Adicionalmente, la propuesta de directiva incluye la adopción de un plan para garantizar que los modelos de negocio y las estrategias de las organizaciones sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 ºC en consonancia con el Acuerdo de París y los objetivos de la Unión Europea (neutralidad climática 2050 y objetivo climático 2030).
Durante la sesión, hemos visto cómo esta directiva de diligencia debida, además, complementa la de Informes en Materia de Sostenibilidad, conocida, por sus siglas en inglés como CSRD (Corporate Sustaninability Reporting Directive), cuyo objetivo es estandarizar los informes relacionados con la sostenibilidad, al tiempo que aumenta la transparencia de los informes a los que los interesados externos pueden acceder.
Como decíamos, esta directiva aún no se ha aprobado definitivamente. En febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la primera propuesta de directiva y, actualmente, el procedimiento legislativo para su definitiva aprobación continúa su curso tras la aprobación, el pasado 1 de junio de 2023, de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo e iniciarse el diálogo informal tripartito. Sin embargo, puede vislumbrarse el impacto que tendrá en los programas de cumplimiento de las organizaciones puesto que la tendencia hacia el fomento de la ética y del cumplimento normativo va en aumento y acabarán siendo cuestiones con obligación legal.
